PAGO DE UTILIDADES EN ECUADOR - LEGISLACION RELEVANTE

 

DERECHO LABORAL:

Derecho a las utilidades

DE LAS UTILIDADES

El Art. 97 del Código del Trabajo, establece que el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Para la determinación de las mismas, se tomará como base las declaraciones o liquidaciones del pago del impuesto a la renta.

Cuando no sea posible determinar la base imponible del impuesto a la renta, la administración tributaria en ejercicio de su facultad determinadora, establecerá la base imponible en función de coeficientes, y por tanto no estarán sujetas a ninguna deducción para el cálculo del impuesto, de tal forma que, para establecer la participación de trabajadores, en los casos que corresponda, deberá considerar que la base imponible presunta ya se encuentra modificada con la disminución de la participación de los trabajadores en las utilidades.

Para tal efecto, el porcentaje correspondiente a la deducción por participación de trabajadores se establecerá a través de la aplicación de una regla de tres simple, donde la base imponible presunta representa el 85% de la utilidad. Al aplicar la fórmula matemática correspondiente a la regla de tres simple, el valor de la participación de trabajadores se calculará a través de la siguiente formula:

- 15%Pt = (BI presunta * 100%) / 85%)) * 15% Donde:

• 15%Pt es la participación de los trabajadores.

• BI presunta es la Base Imponible estimada presuntivamente.

Ámbito

Están obligados al pago y al registro los empleadores que sean personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, incluidas las sociedades de hecho, sucesiones indivisas y patrimonios autónomos, con personal bajo relación de dependencia.

Forma de pago

El 15% de las utilidades líquidas, se dividirán de la siguiente manera:

a) El diez por ciento (10%) se dividirá entre todas las personas trabajadores y ex trabajadoras de la empresa, sin consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el período económico correspondiente y que será entregado directamente al trabajador;

b) El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en proporción a las cargas familiares, Y cuando no existieren cargas de ningún trabajador, el 5% de participación de utilidades será repartido entre todos los trabajadores de manera equitativa considerando la proporcionalidad del tiempo trabajado;

c) En caso de fallecimiento del trabajador, los herederos deberán presentar la posesión efectiva, para la cancelación del 5% de utilidades; Para el cálculo tomarán como base las declaraciones o determinaciones que se realicen para el pago del Impuesto a la Renta (Art. 104 CT);

e) El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores de la empresa y en proporción al número de estas cargas familiares, debidamente acreditadas por el trabajador ante el empleador. (Art. 97 CT);

f) Previo acuerdo entre las partes, todo o parte de las utilidades que le corresponde al trabajador, pueden ser canceladas en acciones de la empresa a la que presta sus servicios. Para tal efecto, la empresa debe estar registrada en una Bolsa de Valores y cumplir con el protocolo para el cumplimiento de ética empresarial (Art. 105.1 CT);

g) Para el cálculo de la participación de utilidades, se considerará el período anual de 360 días, incluidas las vacaciones, y la jornada laboral mensual equivalente a 240 horas;

h) El cálculo para el pago de la participación de utilidades de las personas trabajadoras y ex trabajadoras bajo la modalidad de contrato de jornada parcial permanente, se lo debe hacer en proporción al tiempo laborado; y,

i) Los artesanos respecto al pago de las utilidades del personal administrativo a su cargo, se someterán a las normas generales, salvo operarios y aprendices.

Cálculo del 10% de utilidades

Para el cálculo de éste 10% se tomará en consideración el tiempo de trabajo, sin realizar diferenciación alguna con el tipo de ocupación del trabajador. La cantidad que debe percibir cada trabajador se obtiene multiplicando el valor del 10% de utilidades, por el tiempo en días que este ha trabajado, dividido para la suma total de días trabajados por todas las personas trabajadoras y ex trabajadoras.

Cálculo del 5% de utilidades

Para calcular el valor que a cada trabajador le corresponde por concepto del 5% de utilidades, se tomará en cuenta dos factores: El factor A, que será el resultado de la multiplicación del tiempo laborado anual del trabajador, expresado en días, por el número de cargas del mismo, y el factor B que es el resultado de la suma de todos los factores A de todos los trabajadores.

Factor A = Número de días laborados del trabajador x número de cargas del trabajador.

Factor B = La sumatoria del factor A de todos los trabajadores.

La cantidad que le corresponda recibir a cada trabajador se obtiene multiplicando el valor del 5% de utilidades a trabajadores, por el factor A, y este dividido para el factor B.

Utilidad que percibe 5% de utilidad a trabajadores

Cargas familiares

Son cargas familiares de la persona trabajadora y ex trabajadora, las hijas y los hijos menores de dieciocho años, las hijas y los hijos con discapacidad de cualquier edad, y los cónyuges y los convivientes en unión de hecho legalmente reconocida. La condición para que una persona sea considerada carga familiar debe cumplirse o adquirirse en el ejercicio económico en el que se generó las utilidades.

La condición para que una persona sea considerada carga familiar, debe cumplirse o adquirirse en el ejercicio económico en el que se generó las utilidades, teniendo en cuenta:

a) Para el caso de cónyuges o convivientes en unión de hecho legalmente reconocida, que tengan hijos en común y que presten o hayan prestado sus servicios para el mismo empleador durante el ejercicio económico en el que se generó las utilidades, el empleador deberá cancelar el pago de utilidades por concepto de cargas familiares de manera individual, esto es el 5% por cada trabajador /a.

b) Cuando las personas trabajadoras y ex trabajadoras no hubiesen acreditado ante el empleador tener cargas familiares hasta el 31 de marzo del ejercicio fiscal en el que son distribuidas; no participarán de la distribución de utilidades por concepto de cargas familiares.

c) La documentación que acredite las cargas familiares del trabajador o ex trabajador será de su responsabilidad frente al Ministerio del Trabajo.

d) En el porcentaje de utilidades correspondiente a cargas familiares, no participarán, las hijas y los hijos del trabajador o ex trabajador que cumplan dieciocho (18) años de edad dentro del ejercicio fiscal en el que se generaron las utilidades.

e) Cuando se disuelva la unión de hecho o exista liquidación de la sociedad conyugal; el trabajador o ex trabajador no participará en el porcentaje de utilidades correspondiente a cargas familiares.

De la distribución de utilidades para las personas trabajadoras y ex trabajadoras de los sectores estratégicos Para el cálculo de la participación de utilidades para los trabajadores y ex trabajadores de los sectores estratégicos de la minería e hidrocarburífero, se tomará en cuenta los porcentajes establecidos en la Ley de Minería y en el Ley de Hidrocarburos que rige a cada sector.

Plazo para el pago

La parte que corresponde individualmente a los trabajadores por utilidades, se deben pagar dentro del plazo de quince días, contado a partir de la fecha de liquidación de utilidades, que se lo hará hasta el 31 de marzo de cada año.

Del registro del pago

Los empleadores deberán realizar el registro del pago de las utilidades, a través de la plataforma informática que el Ministerio del Trabajo designe para el efecto, de acuerdo al noveno dígito del RUC o cédula de ciudadanía, conforme el siguiente cronograma:

Los empleadores son responsables de la veracidad de su declaración y registro del pago conforme al artículo 107 del Código del Trabajo. Las autoridades del trabajo podrán solicitar documentación para verificar que el pago de utilidades cumpla con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 del Código del Trabajo.

Utilidades no cobradas

La parte empleadora está obligada a agotar sus esfuerzos para entregar de forma directa el beneficio de utilidades a sus trabajadores o ex trabajadores. Si hubiere utilidades no cobradas por las personas trabajadoras o ex trabajadoras, la parte empleadora las depositará a beneficio de estos en una cuenta del Sistema Financiero Nacional, a más tardar, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió efectuarse el pago, debiendo además la parte empleadora publicar por la prensa la nómina de las personas trabajadoras o ex trabajadoras beneficiarios de este derecho, que les corresponde a cada una de ellas, a través de un diario de circulación nacional o local.

El empleador pagará las utilidades por medio de transferencia bancaria o cheque certificado a los trabajadores o ex trabajadores con el valor correspondiente a este beneficio, a través de la cuenta que hubiere destinado para este efecto en una entidad del sistema Financiero Nacional.

Si transcurrido un año del depósito, la persona trabajadora o ex trabajadora no hubiere efectuado el cobro, la parte empleadora, en el plazo de quince (15) días, depositará los valores no cobrados en la cuenta que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social establezca para el efecto, y a partir del vencimiento de plazo ese monto se destinará para el Régimen Solidario de Seguridad Social (Art. 106CT).

La cuenta en la cual se depositan los valores correspondientes a utilidades no cobradas debe ser utilizada única y exclusivamente para este propósito y se encontrará bajo la responsabilidad del empleador.

La parte empleadora debe entregar a la Dirección de Análisis Salarial y publicar en un diario de circulación nacional o local, la nómina de las personas trabajadoras o ex trabajadoras beneficiarios de este derecho.

Si fenecido el plazo de quince (15) días, posteriores al cumplimiento de un año, desde la fecha de depósito en una cuenta del Sistema Financiero Nacional del valor de participación de utilidades no cobradas, el empleador no hubiere efectuado la transferencia de estos valores a la cuenta que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social establezca para este efecto, el Ministerio de Trabajo a través de sus Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público, sancionará al empleador con el duplo de la cantidad no depositada de forma oportuna.

Si el empleador no pagare la multa impuesta por el Ministerio del Trabajo, esta entidad ejercerá su facultad coactiva para el cobro de la multa.

No tienen derecho a percibir utilidades No tienen derecho a participar de las utilidades:

a) Los trabajadores que según el Art. 98 del Código del Trabajo, perciban sobresueldos o gratificaciones, cuyo monto fuere igual o excediere al porcentaje que se fija;

b) Los operarios y aprendices de artesanos (Art. 101 CT.); y,

c) Las personas que tienen poder general para representar y obligar a la empresa como es el caso del Representante Legal, que es mandatario y no empleado, tal como lo establece el Art. 308 del Código del Trabajo.

Las utilidades no se consideran remuneración

La participación en las utilidades líquidas de la empresa, a la cual tienen derecho los trabajadores, no forman parte de la remuneración, para efectos del pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni para la determinación del fondo de reserva y jubilación. Así también, gozará de las garantías determinadas para la remuneración.

Utilidades para las personas trabajadoras de empresas de actividades complementarias

Las personas trabajadoras de estas empresas, de acuerdo con su tiempo anual de servicios continuos o discontinuos, tienen derecho a participar del porcentaje legal de las utilidades líquidas de las empresas usuarias, en cuyo provecho se realiza la obra o se presta el servicio.

El valor de las utilidades generadas por la persona natural obligada a llevar contabilidad o persona jurídica usuaria a que tengan derecho las personas trabajadoras de la empresa de actividades complementarias, deben ser entregadas en su totalidad a esta última, a fin de que sean repartidas entre todos sus trabajadores, y de acuerdo a su tiempo de servicio en la empresa de actividades complementarías, dentro del ejercicio fiscal durante el cual se generaron dichas utilidades (Art. 100 CT).

Para el efecto, el representante legal de la empresa de actividades complementarias hasta el 31 de enero de cada año, debe enviar al representante legal de la empresa usuaria la nómina de las personas trabajadoras y ex trabajadoras en la que se debe detallar la fecha de inicio de labores en la empresa usuaria con el detalle de los días efectivamente trabajados y el número de cargas familiares.

En caso de que la empresa de actividades complementarias deba hacer alguna corrección a la información enviada o deba remitir documentación faltante, debe entregar esta documentación hasta el 5 de febrero de cada año a la empresa usuaria.

El valor de las utilidades generadas ́por las personas naturales obligadas a llevar contabilidad o persona jurídica usuaria a que tengan derecho las personas trabajadoras de la empresa de actividades complementarias, deben ser entregadas en su totalidad a esta última hasta el 10 de abril de cada año, a fin de que sean repartidas entre todos los trabajadores y ex trabajadores, dentro del ejercicio fiscal durante el cual se generaron dichas utilidades.

Para el efecto, la empresa usuaria debe acreditar en la cuenta bancaria de la empresa de actividades complementarias el valor total de las utilidades repartidas y entregar un oficio y archivo digital con el detalle del valor que corresponde a cada trabajador y ex trabajador.

A su vez la empresa usuaria deber registrar en el Ministerio del Trabajo el justificativo de pago, ya sea mediante cheque certificado o transferencia bancaria, a las empresas de actividades complementarias, mediante el Sistema de Salarios en Línea, dentro del plazo establecido en el cronograma que se apruebe para este efecto.

Los rubros que las empresas de actividades complementarias reciban por este concepto conjuntamente con los valores de utilidades generadas por la misma, conforman el monto total sobre el cual se debe repartir la participación de utilidades a todos sus trabajadores y ex

trabajadores, del ejercicio fiscal correspondiente, acatando lo dispuesto en los artículos 97 y 97.1 del Código del Trabajo.

Finalmente, la empresa de actividades complementarias debe registrar en el Ministerio del Trabajo el pago realizado a los trabajadores y ex trabajadores, ya sea mediante cheque o transferencia bancaria, mediante el Sistema de Salarios en Línea, dentro del plazo establecido en el cronograma que apruebe el Ministerio de Trabajo.

Unificación de utilidades

Si una o varias empresas vinculadas comparten procesos productivos y/o comerciales, dentro de una misma cadena de valor, entendida esta como el proceso económico que inicia con la materia prima y llega hasta la distribución y comercialización del producto terminado, la autoridad administrativa de trabajo de oficio o a petición de parte las considerará como una sola para el efecto del reparto de participación de utilidades (Art. 103 CT).

La solicitud de unificación de utilidades se puede realizar hasta el 31 de enero del año posterior al del año fiscal respecto del cual se requiere unificar las utilidades.

La resolución que autoriza o niega el reparto de la participación de utilidades como una sola empresa, se ejecutará respecto del ejercicio fiscal para el que se solicitó y hasta que el Ministerio del Trabajo de oficio o a petición de los representantes legales de las empresas o las organizaciones laborales de éstas, resuelva la separación de la obligación del reparto de la participación de utilidades.

Del cambio de razón social, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación voluntaria anticipada de las empresas

Las empresas que hayan tenido un proceso de cambio de razón social, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación voluntaria anticipada, posterior a la obtención de la resolución de unificación de utilidades, estarán obligadas a realizar ante el Ministerio del Trabajo, la revocatoria y posterior solicitud de unificación de utilidades de ser el caso. Si la Dirección de Análisis Salarial, llegare a evidenciar que las empresas no cumplen con los procesos productivos y/o comerciales dentro de una misma cadena de valor, dispondrá que dichas empresas a través de sus representantes legales, sigan el procedimiento establecido para la revocatoria de unificación de utilidades.

Revocatoria a la resolución de unificación de utilidades

El Ministerio del Trabajo a petición de los representantes legales de las empresas, podrá revocar la resolución de unificación de utilidades. Para el efecto, las empresas a través de sus

representantes legales, deberán presentar las solicitudes de autorización para unificación de utilidades y revocatoria, hasta el 31 de diciembre de cada año fiscal.

Control y sanciones:

El Inspector de trabajo efectuará el control del cumplimiento del pago de utilidades. La Dirección de Control e Inspecciones del Ministerio del Trabajo, efectuará el control del cumplimiento del registro del pago de utilidades a los trabajadores y ex trabajadores, en el SUT (Sistema Único de Trabajo). Cuando por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, el empleador no pueda cumplir con la obligación de registrar el pago del 15% de la participación de utilidades de conformidad con el cronograma establecido por el Ministerio del Trabajo, tendrá un plazo de 90 días, contados a partir de la fecha en la que debió realizar el referido pago, para proceder al registro en el sistema del Ministerio del Trabajo, emitido para el efecto. El incumplimiento del pago del 15% de la participación de utilidades será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 104, 106, 628 y 629 del Código del Trabajo.

Fuentes: - Código del Trabajo. - Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-079, publicado en el Registro Oficial No.287 de 11 de septiembre de 2020. - Acuerdo Ministerial No. MDT-2023-140, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 447, de 29 de noviembre de 2023.

FEBRERO 2025

CONSULTA SOCIETARIA:

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, CONTRIBUCIÓN PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2025

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través de esta resolución, establece la contribución anual que deben pagar las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia. La normativa fija en uno por mil de los activos reales la contribución para aquellas empresas cuyos activos superen los $100,000 USD. Esta medida tiene un impacto significativo en la gestión financiera y tributaria del sector empresarial ecuatoriano.

Principales Disposiciones de la Resolución

• Tasa de Contribución: Se mantiene en el 1‰ (uno por mil) de los activos reales de las compañías.

• Exención para pequeñas empresas: Aquellas cuyos activos reales sean inferiores a $100,000 USD quedan exentas del pago.

• Incentivos para el cumplimiento: Las empresas que presenten sus estados financieros dentro del plazo establecido podrán beneficiarse de descuentos en la contribución.

• Plazo de pago: La contribución debe ser cancelada hasta el 30 de septiembre de 2025, con la posibilidad de pago fraccionado para quienes cubran al menos el 50% antes de esa fecha y el restante hasta el 31 de diciembre de 2025, sin recargos ni penalidades.

• Empresas extranjeras: Para aquellas que operan en Ecuador, el cálculo de la contribución se realiza con base en los activos registrados dentro del territorio nacional.

• Holding y grupos empresariales: Las compañías holding y sus vinculadas pueden presentar estados financieros consolidados para calcular el pago sobre los activos reflejados en dichos informes.

Beneficios de la Resolución

Esta medida busca garantizar transparencia y equidad en la tributación empresarial, al tiempo que facilita incentivos para el cumplimiento puntual de las obligaciones financieras. Entre sus principales ventajas se destacan:

Regulación más equitativa: Al establecer exenciones para pequeñas empresas, se evita una carga tributaria excesiva sobre entidades con menor capacidad económica.

Fomento de la presentación oportuna de estados financieros: Los incentivos para el cumplimiento favorecen una cultura de transparencia contable.

Fortalecimiento del sistema de supervisión financiera: La contribución permite a la Superintendencia contar con mayores recursos para llevar a cabo su labor de control y vigilancia en el sector empresarial.

Adaptación para grupos empresariales y holdings: La opción de consolidar estados financieros permite optimizar la gestión tributaria de grandes conglomerados.

Comparación con Regulaciones Anteriores

Si bien la tasa del 1‰ sobre activos reales ha sido aplicada en años anteriores, la presente resolución introduce cambios relevantes:

• Mayor flexibilidad en el pago: Se permite el fraccionamiento hasta diciembre, lo que otorga mayor margen de maniobra a las empresas.

• Mayor claridad en los incentivos: Se detallan explícitamente los beneficios por cumplimiento oportuno de obligaciones.

• Énfasis en el control sobre holdings y empresas extranjeras: La normativa refuerza el criterio de consolidación contable y regulación sobre compañías internacionales con operaciones en Ecuador.

  Fuente: Resolución de la Superintendencia de Compañías 6, Registro Oficial Suplemento 752, 26 de febrero de 2025

FEBRERO 2025

CONSULTA TRIBUTARIA:

MODIFICAR LAS REGULACIONES APLICABLES A LA AUTORRETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA A CARGO DE LAS SOCIEDADES CALIFICADAS COMO GRANDES CONTRIBUYENTES Y REFORMAR LA RESOLUCIÓN NAC-DGECGC24- 00000024

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través de esta resolución, establece la contribución anual que deben pagar las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia. La normativa fija en uno por mil de los activos reales la contribución para aquellas empresas cuyos activos superen los $100,000 USD. Esta medida tiene un impacto significativo en la gestión financiera y tributaria del sector empresarial ecuatoriano.

Disposiciones de la Resolución

• Tasa de Contribución: Se mantiene en el 1‰ (uno por mil) de los activos reales de las compañías.

• Exención para pequeñas empresas: Aquellas cuyos activos reales sean inferiores a $100,000 USD quedan exentas del pago.

• Incentivos para el cumplimiento: Las empresas que presenten sus estados financieros dentro del plazo establecido podrán beneficiarse de descuentos en la contribución.

• Plazo de pago: La contribución debe ser cancelada hasta el 30 de septiembre de 2025, con la posibilidad de pago fraccionado para quienes cubran al menos el 50% antes de esa fecha y el restante hasta el 31 de diciembre de 2025, sin recargos ni penalidades.

• Empresas extranjeras: Para aquellas que operan en Ecuador, el cálculo de la contribución se realiza con base en los activos registrados dentro del territorio nacional.

• Holding y grupos empresariales: Las compañías holding y sus vinculadas pueden presentar estados financieros consolidados para calcular el pago sobre los activos reflejados en dichos informes.

• Modalidad de pago: El pago deberá realizarse mediante depósito en la Cuenta de Recaudaciones de la Superintendencia en los bancos autorizados.

• Sanciones y penalidades: Las empresas que no cumplan con esta obligación dentro de los plazos establecidos podrán enfrentar multas y restricciones para operar en el país.

Beneficios de la Resolución

• Regulación más equitativa: Al establecer exenciones para pequeñas empresas, se evita una carga tributaria excesiva sobre entidades con menor capacidad económica.

• Fomento de la presentación oportuna de estados financieros: Los incentivos para el cumplimiento favorecen una cultura de transparencia contable.

• Fortalecimiento del sistema de supervisión financiera: La contribución permite a la Superintendencia contar con mayores recursos para llevar a cabo su labor de control y vigilancia en el sector empresarial.

• Adaptación para grupos empresariales y holdings: La opción de consolidar estados financieros permite optimizar la gestión tributaria de grandes conglomerados.

• Mayor control sobre empresas extranjeras: La inclusión de un mecanismo de fiscalización sobre los activos registrados en Ecuador evita evasión y distorsiones en la aplicación de la normativa.

• Facilidades de pago: La posibilidad de fraccionar el pago en dos partes permite una mejor planificación financiera para las empresas, sin afectar su liquidez.

  Resolución NAC-DGERCGC24-00000024 – Modificación de la Autorretención del Impuesto a la Renta

• El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha reformado la normativa que regula la autorretención del impuesto a la renta para sociedades calificadas como grandes contribuyentes. Esto implica:

• Revisión de las tasas de autorretención, lo que puede modificar los montos anticipados que las empresas deben pagar.

• Ajustes en la clasificación de grandes contribuyentes, redefiniendo qué empresas deben cumplir con estas obligaciones.

• Mayor control sobre la recaudación anticipada del impuesto, asegurando un flujo constante de ingresos fiscales.

• Simplificación o endurecimiento de requisitos administrativos, impactando la gestión financiera de las empresas afectadas.

  Impacto de la Reforma

  Para las Empresas Grandes:

• Pueden enfrentar cambios en su flujo de caja debido a las nuevas tasas de autorretención.

• Se verán obligadas a ajustar su planificación financiera para cumplir con los nuevos requerimientos.

• Podría aumentar la carga administrativa si los procedimientos son más estrictos. Para el Estado y el SRI:

• Garantiza ingresos fiscales más predecibles mediante el cobro anticipado del impuesto.

• Fortalece la fiscalización de grandes contribuyentes, reduciendo la evasión y elusión fiscal. Para la Economía en General:

• Puede mejorar la estabilidad financiera del Estado al asegurar una recaudación más constante.

• Dependiendo del impacto en el flujo de caja de las empresas, podría haber efectos secundarios en la inversión y el empleo.

  Fuente: Resolución del SRI 3, Registro Oficial Suplemento 737, 05 de febrero de 2025

FEBRERO 2025:

1.- Reglamento de Régimen de Tarifas para Sociedades de Gestión Colectiva:

El Reglamento de Régimen de Tarifas para Sociedades de Gestión Colectiva tiene como finalidad principal establecer un marco normativo claro y equitativo en la fijación de tarifas que aplican las sociedades de gestión colectiva en el Ecuador. La necesidad de este marco normativo surge debido a la importancia de garantizar que los titulares de derechos reciban una retribución adecuada por la explotación de sus obras, sin que esto genere cargas excesivas para los sectores que requieren utilizar contenido protegido, tales como medios de comunicación, espacios públicos y plataformas digitales.

Dentro de esta regulación, la Resolución 036-2024-DG-SENADI establece criterios específicos para la determinación de tarifas, fijando parámetros de proporcionalidad y mecanismos de transparencia en la gestión de los cobros efectuados por las sociedades de gestión colectiva. Esta normativa otorga lineamientos claros para que las tarifas sean establecidas conforme a criterios objetivos y verificables, evitando arbitrariedades o prácticas abusivas por parte de dichas sociedades. Para ello, se implementan principios de proporcionalidad y razonabilidad, de modo que las tarifas respondan a criterios técnicos y económicos que justifiquen su aplicación. Además, se promueve la rendición de cuentas y la fiscalización por parte de organismos reguladores para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, contribuyendo a una mayor transparencia y confianza en el sistema de gestión colectiva.

Es crucial que este tipo de normativas establezca criterios equitativos tanto para los titulares de derechos como para los usuarios de obras protegidas, ya que de ello depende la sostenibilidad del ecosistema cultural y creativo del país. Por un lado, los autores, compositores, intérpretes y demás creadores necesitan recibir una compensación justa por su trabajo, lo que fomenta la producción artística y la innovación. Por otro lado, los usuarios deben contar con reglas claras y accesibles que les permitan conocer y cumplir con sus obligaciones sin enfrentar barreras desproporcionadas. En este sentido, el reglamento también contribuye a evitar conflictos y litigios innecesarios entre ambas partes, promoviendo un entorno más armónico y predecible para la utilización de contenido protegido. Con ello, el Estado ecuatoriano refuerza su compromiso con la protección de los derechos de propiedad intelectual y con el acceso equitativo a la cultura y el conocimiento.

FUENTE: Resolución del SENADI 36, Registro Oficial Suplemento 746, 18 de febrero de 2025.

2.- Acuerdo Ministerial MDT-2024-308: La Reforma del Acuerdo Ministerial MDT-2024-308 introduce modificaciones sustanciales al Acuerdo Ministerial MDT-2015-054, con el propósito de actualizar el marco normativo aplicable a la negociación y suscripción de contratos colectivos de

trabajo en Ecuador. Este ajuste responde a la necesidad de modernizar la regulación en materia laboral para garantizar su coherencia con la realidad económica y fiscal del país. La reforma busca reforzar los principios de equidad y sostenibilidad en la contratación colectiva, evitando que acuerdos laborales generen compromisos financieros insostenibles para las entidades públicas y privadas. Asimismo, establece directrices más claras sobre la aplicación de los beneficios económicos, alineándolos con criterios de eficiencia y racionalidad presupuestaria.

Uno de los principales cambios introducidos por esta reforma es la modificación de los techos remunerativos y los beneficios negociables dentro de los contratos colectivos. Se establecen nuevos límites para la fijación de remuneraciones y compensaciones, asegurando que los incrementos salariales se ajusten a criterios técnicos y financieros previamente definidos. Además, se delimitan las prestaciones y bonificaciones que pueden ser objeto de negociación, restringiendo aquellas cláusulas que pudieran representar un gasto excesivo o desproporcionado para los empleadores. De esta manera, se busca garantizar un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la estabilidad financiera de las instituciones y empresas que forman parte del sector público y privado.

El impacto de esta reforma en la sostenibilidad fiscal y la equidad en el mercado laboral es significativo. Al restringir incrementos desmesurados en los contratos colectivos, se evita que las obligaciones laborales generen déficits en los presupuestos institucionales, permitiendo una mejor administración de los recursos públicos. A su vez, en el sector privado, estas regulaciones ayudan a generar un entorno más competitivo y predecible para las empresas, promoviendo condiciones laborales más estables y equitativas. De esta manera, la reforma no solo protege la viabilidad financiera de los empleadores, sino que también garantiza que los trabajadores continúen gozando de condiciones laborales dignas y acordes con las capacidades económicas de cada entidad.

FUENTE: Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2024-308Suplemento, No 722 - Registro Oficial, 15 de enero 2025.

3.- Resolución SENAE-DGN-2014-0604-RE: Esta modificación responde a la necesidad de fortalecer el control aduanero y optimizar los procedimientos administrativos para garantizar una gestión más eficiente y transparente en la importación y exportación de bienes. Con estas reformas, se establecen nuevas disposiciones para la regularización de inconsistencias en las declaraciones, asegurando que cualquier cambio posterior al levante de las mercancías se realice bajo criterios de legalidad y veracidad, evitando prácticas fraudulentas o evasión fiscal.

Uno de los principales cambios implementados en esta reforma es la actualización de los procesos de regularización de inventarios y la extinción de obligaciones tributarias en casos específicos. Se han incorporado disposiciones que permiten a los operadores de comercio exterior realizar ajustes en sus declaraciones aduaneras cuando existan errores de cantidad o calidad en las mercancías, siempre que se justifique de manera técnica y documentada. Asimismo, se ha regulado de manera más estricta la extinción de tributos aduaneros en situaciones de pérdida o destrucción de mercancías por caso fortuito o fuerza mayor, estableciendo requisitos más rigurosos para su comprobación y evitando abusos en el sistema.

Para garantizar un control más efectivo y reducir los riesgos de fraude, la reforma incorpora procedimientos más estrictos en la revisión de solicitudes de corrección y regularización. Se exige una mayor trazabilidad en la documentación presentada, incluyendo peritajes técnicos e informes detallados que justifiquen cualquier modificación en la declaración aduanera. Además, se refuerza la supervisión por parte de las autoridades aduaneras, incrementando las auditorías y sanciones en casos de irregularidades detectadas. Estas medidas buscan fortalecer la seguridad jurídica en el comercio exterior ecuatoriano, asegurando que los procesos de importación y exportación se realicen bajo principios de transparencia y cumplimiento normativo.

FUENTE: Resolución 45, Registro Oficial Suplemento 722, 15 de enero de 2025