𝐋𝐢́𝐦𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐲 𝐏𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐄𝐜𝐮𝐚𝐝𝐨𝐫

William Barba

Los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Inquilinato de Ecuador establecen reglas claras para el cálculo y cobro del arriendo, con el objetivo de proteger a los inquilinos de cobros excesivos y acuerdos injustos.

1. Límite al valor del arriendo (Artículo 17)

El precio de una pensión mensual de arriendo no es arbitrario. La ley establece que este valor no puede superar el 10% anual del avalúo comercial del inmueble, dividido para doce meses.

Fórmula clave:

Canon de arriendo mensual = (Avalúo comercial del inmueble en el Catastro Municipal * 10%) / 12

Para un cálculo preciso, se deben tomar en cuenta todos los espacios del inmueble (departamentos, locales, etc.), incluso si están ocupados por el dueño.

Además de este límite, al fijar el precio, se considera el estado, la ubicación y las condiciones generales del inmueble. Si solo se arrienda una parte, el precio debe ser proporcional a esa área.

2. Prohibición de incrementos automáticos (Artículo 18)

La ley prohíbe explícitamente pactar un incremento automático del arriendo durante la vigencia mínima del contrato, siempre y cuando el valor mensual no exceda los dos salarios mínimos vitales.

Esto significa que cualquier cláusula en el contrato que estipule un aumento automático es nula y no tiene validez legal. Si un contrato de arriendo de vivienda contiene una de estas cláusulas, esta se considera como si "nunca se hubiera escrito".

3. Sanciones por cobros excesivos (Artículo 19)

Si un arrendador cobra una pensión mayor a la que fija la ley o la Oficina de Catastros, puede enfrentar graves consecuencias.

Multa: El juez de inquilinato puede sancionar al arrendador con una multa equivalente al valor del canon mensual cobrado de forma ilegal.

Devolución: El arrendador debe devolver al inquilino el monto cobrado en exceso, con el interés legal correspondiente.

Para reclamar la devolución de un cobro excesivo, el inquilino tiene un plazo de dos años para iniciar la acción legal. Este proceso se tramita de forma sumaria y rápida.

En resumen, la Ley de Inquilinato busca regular el mercado de arriendos para garantizar precios justos y proteger los derechos de los inquilinos. El conocimiento de estos artículos es crucial para ambas partes al momento de firmar un contrato de arrendamiento

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